Lo dicen los expertos y lo aconseja el sentido común. No hay política administrativa más solidaria y justa que aquella que logra que cada ciudadano pague los servicios que consume o utiliza sin que se generen déficits que vayan a la cuenta general. Y ello es aplicable al consumo de agua o al servicio de basuras. Pero los alcaldes prefieren, en un uso clientelar y nefasto de la política, no subir tasas y dejar que sea el conjunto del municipio el que pague los déficits correspondientes. Y así pasa lo que en Ames, Carnota y otros municipios y sus deudas con Serra do Barbanza. Salvo que, peor aún, se dediquen a cobrar a los ciudadanos y no pagar a la empresa adjudicataria del servicio. ¿Será eso?