LOS CALIFICATIVOS que las medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobadas por el Gobierno el pasado viernes, y que mañana entran en vigor, son muchas y muy variadas. Las hay favorables y contrarias. Entre las primeras, las de los empresarios y son negativas las de sindicatos y partidos de izquierda. Sin embargo, hay una definición en la que todos coincidiremos: histórica. Es la primera vez en nuestra época reciente que se produce un cambio tan revolucionario en la normativa que regirán las relaciones laborales. Es mayor incluso que el operado con el Estatuto de los Trabajadores recién estrenada la democracia y que sustituía a las viejas leyes del franquismo. Y es razonable que así sea, porque la gravedad de la crisis actual no tiene precedente. España es el país de Europa, y probablemente del mundo, que más empleo destruye, con especial incidencia entre la juventud donde alcanza a la mitad de la población menor de 26 años. La anterior reforma, aprobada hace menos de dos años, iba en la misma dirección, pero tal vez por insuficiente no dio los resultados esperados. Todo el mund coindice en que fracasó. Llegó pues el momento de actuar con celeridad, de atacar el problema a fondo. El cambio de Gobierno, suficientemente legitimado por las urnas para hacerlo, propicia que se pueda y se deba acometer. Era además una de las promesas electorales. Ahora habrá que aplicarlo y ver si da los resultados previstos. Es sabido que sólo con la reforma de las leyes laborales no se crea empleo, pero lo que ha quedado demostrado es que con la anterior situación, no. Rajoy acometió también otras importantes reformas como fueron las del sistema financiero y el control del gasto público con el objetivo de reducir el déficit del Estado. Quedan más, pero ya no es poco en mes y medio. La reforma laboral incide más en las condiciones de contratación, de despido y negociación colectiva que sobre los incentivos, aunque también estos figuran. Los empresarios la apoyan. CiU también. Beneficia a las empresas, elementos imprescindibles para la reactivación económica y reducción del paro. Los sindicatos la rechazan porque reduce derechos a los trabajadores, lo cual es cierto. Pero, ¿qué opinan los más de cinco millones de parados? Lo que quieren es un empleo. Si con la reforma se logra reducir el paro, que solo ocurrirá cuando las empresas contraten, Mariano Rajoy habrá acertado. Los derechos, igual que se pierden se pueden recuperar. Convendría que en lugar de conflictos, las diferencias entre Gobierno y sindicatos se allanaran en una mesa. La responsabilidad es compartida. Nos jugamos el futuro.