Si no fuera por alguna variación indumentaria, la marcha de los obreros de Navantia se parece al cartel del Novecento, aquella película de Bertolucci. Hay más de un siglo de diferencia entre ambas imágenes, pero se percibe un trasfondo similar. En la peregrinación de los ferrolanos también hay d­esesperación por un futuro más que incierto, que se agrava por la edad de muchos de los afectados, lejos ya de la juventud.

¿Qué darían por ser funcionarios? A pesar de los recortes salariales, de la privación de días por asuntos propios y demás medidas restrictivas propuestas por la Xunta, la situación del empleado público no es comparable a la que sufren estos trabajadores pendientes de que alguien contrate un barco. Hablamos de ellos porque se han hecho visibles en una marcha que llama la atención de los medios, pero existe una sangría constante de empleo que no merece ninguna foto porque se produce en silencio.

Con ello no quiere decirse que los funcionarios no tengan razones para estar enojados. Cualquier merma en sus retribuciones o derechos justifica la protesta. Su relativa situación de privilegio no es causa suficiente para que acepten sin rechistar lo que se les viene encima. Han de entender, sin embargo, que una ciudadanía angustiada por la situación contemple con cierta perplejidad sus movilizaciones, y sobre todo algunos argumentos sindicales.

Porque se sigue con la fea costumbre de invocar el interés social para disfrazar reivindicaciones corporativas. El ciudadano no funcionario no va a vivir peor aunque se apliquen los ajustes anunciados. No. La sociedad en su conjunto no verá reducido su nivel de vida. Sólo hay un punto al que podrían agarrarse los sindicalistas para sostener que el plan perjudica el interés público: la reducción de jornada. Pero es voluntaria.

Además, los mismos sindicatos que han aireado la motivación altruista de sus movilizaciones, incurren en una flagrante incoherencia al anunciar una huelga. Si tanto preocupa la atención al administrado, una respuesta de ese tipo tendría que estar descartada. No serán la Xunta ni el PP los que sufran las consecuencias del paro en la Administración, sino la gente que la costea con sus impuestos. La huelga es la medida más antisocial que imaginarse pueda porque dejará desamparados a muchos ciudadanos inocentes.

Sean, por lo tanto, sinceros. No quieren renunciar a las condiciones laborales y salariales que tienen. Luchan por ello y sería injusto emitir algún reproche. No pretendan, sin embargo, convencernos de que piensan en el interés ciudadano, como si las centrales sindicales fuesen una especie de ONG. Están para defender a los suyos, ni más ni menos. Dicho lo cual, y volviendo a esa marcha obrera que transcurre de Ferrol a A Coruña con aires del Novecento, sería interesante saber cómo un sindicalista de la función pública le explica a su colega de Navantia los motivos de su huelga general.