Probablemente algunos de los lectores no estén informados acerca de la forma del gobierno local de Caracas, la capital de la República, ahora denominada bolivariana, de Venezuela. En 2008, las elecciones locales de entonces dieron el triunfo, con el 53% de los sufragios, al socialdemócrata Antonio Ledezma. Al poco tiempo, como el regidor de la capital no era del gusto del dictador, se aprobó un decreto presidencial por el que sencillamente se acordó despojar al legítimo alcalde de sus poderes y de su sede, nombrando a una funcionaria chavista a quien se ha confiado el noventa por ciento del presupuesto municipal y la gestión de los principales servicios municipales.

El señor Ledezma acaba de estar en nuestro país, y para quien le quiera escuchar, ha relatado con todo lujo de detalles la penosa situación que está atravesando. Entre los temas que ha abordado con los medios de comunicación, uno muy relevante se refiere a las razones por las que la OEA no facilita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúe la efectividad de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad en Venezuela. Desde luego, los casos de violación de la libertad de información recientes en Venezuela justificarían la intervención de la OEA.

El Gobierno español no se caracteriza, al menos en el caso de Venezuela, o de Cuba, por la defensa de los más elementales derechos humanos. A Venezuela es sabido que se ha vendido numeroso armamento. Incluso parece ser que el mismo día que Chávez cerraron 34 emisoras de radio, el ministro Moratinos afirmaba que la libertad de expresión en Venezuela era satisfactoria.

¿Cuál puede ser la razón de que la OEA trata como trata a Chávez? Buena pregunta, cuya respuesta seguro que está en la mente de los lectores. ¿Verdad?