Los datos del paro son elocuentes por sí mismos: aunque ya salgamos de la recesión, el desempleo seguirá creciendo durante los próximos meses. Lo cual quiere decir que el ajuste de plantillas continúa, porque entre otras cosas el mercado ha encogido por el lado de la demanda interna (consumo e inversión) y si el producto interior bruto no crece, no se crea empleo y si no se crea empleo, el consumo se retrae; al retraerse el consumo, las empresas venden menos, por lo tanto les sobran trabajadores y, además, seguirán esperando a que escampe para afrontar nuevas inversiones. Es un círculo vicioso.

Descontado el sector de la construcción, el ajuste del empleo está produciendo un aumento de la productividad de las empresas españolas. De hecho, en los últimos doce meses, España se ha ido aproximando a Alemania en términos de productividad, por razones contrapuestas: en un contexto recesivo similar, en el que la demanda interna no tira, el ajuste sobre el empleo es mucho mayor en España que en Alemania por razones estructurales, lo que hace que en el primer caso se traduzca en mejoras de la productividad y en el segundo en un empeoramiento.

De otra manera: la estructura productiva alemana, dotada de una mayor productividad en razón del capital humano de que dispone y de una mayor implicación en producir bienes servicios que incorporan investigación e innovación, consigue que la crisis le afecte al empleo en mucho menor medida de lo que afecta en España.

Una de las cuestiones que se plantea es cómo conseguir que la economía española haga las reformas estructurales pertinentes para ir a un modelo distinto al ya conocido, que lo mismo que te sube al cielo en unos años, te deja caer al suelo sin paracaídas y que la aceleración de la gravedad haga el resto. Pero esas reformas requieren un tiempo, y lo que ahora necesita el país es actuar sobre aquellas prioridades que marcan el escenario actual, el empleo y el crédito. Actuaciones a corto plazo que no son incompatibles con otras a medio y largo plazo.

En España, alguna responsabilidad tienen los gobiernos autonómicos en las políticas de empleo, y hay que decir que no todos han puesto el mismo empeño en luchar contra el paro. Los gobiernos autonómicos, dada la mayor cercanía que tienen a los ciudadanos e instituciones de sus respectivas comunidades, disponen de información directa de la situación en calidad y cantidad suficiente como para, si así lo disponen, manejar los presupuestos y los mecanismos financieros a su alcance con arreglo a las prioridades.

En doce meses, el paro registrado ha crecido en Galicia trece puntos (27.601 desempleados más). El aumento habría sido sustancialmente menor si el Gobierno Feijóo se hubiera propuesto combatir el problema mediante planes de inversión y de estímulo. Pues si bien es verdad que las comunidades son corresponsables del elevado déficit público que tiene España, una cosa es sanear el déficit público estructural y otra que Galicia utilice en casos excepcionales, y la actual crisis lo es, la capacidad de endeudamiento que tiene, sin rebasar el límite fijado, para mantener la actividad económica. Entre pedir prestados 560 millones de euros o aumentar el paro en varios miles de personas, Feijóo se ha decantado por lo segundo. Esa elección señala cuáles son sus prioridades políticas.

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