Cómo puede generar alarma social algo que es de dominio público en España: es conveniente, sobre todo si se tiene entre 40 y 50 años, complementar el plan público de pensiones con un plan privado.

¿A cuento de qué se pone pingando al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por decir exactamente lo mismo no ya que Pedro Solbes, allá por principios de los noventa, sino que dijeron y siguen diciendo Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Eduardo Zaplana, Juan Carlos Aparicio y tantos otros dirigentes del PP, incluidos José María Aznar y Mariano Rajoy, cuando han tocado este tema. Siendo, además, que todos ellos han confesado en algún momento tener planes privados de pensiones?

Es una recomendación, no una orden ni un decretazo del ministro Corbacho, oportuna y consecuente con los factores que inciden en el sistema público de pensiones al margen de la crisis, pues se da por supuesto que ésta, más tarde o más temprano, será superada y, en la medida que vuelva a crecer el empleo, se irán recuperando los 2,5 millones de cotizantes que han perdido la Seguridad Social en los últimos dos años.

Al margen de las coyunturas, la evolución demográfica es uno de esos factores. El envejecimiento de la población, como consecuencia de la caída del índice de fecundidad y la mayor esperanza de vida lleva consigo un crecimiento progresivo de gasto en pro­tección social y, por ello, en pensiones.

Es decir, existe una relación de dependencia entre la población jubilada y la población activa, de manera que si aquella aumenta a mayor ritmo que ésta, mayor será la carga financiera de las pensiones a soportar por quienes trabajen. Por tanto, para hacerle frete a dicha carga habrá que subir de forma acumulativa las remuneraciones reales por persona en edad activa, siempre dependiendo de lo que se haga con los impuestos y las cotizaciones sociales.

Lo de los impuestos y las cotizaciones es sumamente importante. Porque si bajan o simplemente no se incrementan, la solución para hacer viable el sistema de pensiones dependerá de lo que se baje la prestación, o lo que es lo mismo, de lo que se reduzca el porcentaje aplicable a la base de cotización.

Es más, en tal supuesto, los estudios realizados apuntan hacia la necesidad de incluir en la base de cotización la totalidad de los años que cada pensionistas ha cotizado, y establecer una proporcionalidad entre base reguladora y pensión, a fin de conseguir un equilibrio financiero entre lo aportado y lo percibido. Por último, no se puede olvidar que hasta ahora la base reguladora de las pensiones va subiendo con el aumento de los salarios, y eso se traduce en un incremento de la pensión media a medida que entran nuevos beneficiarios en el sistema y causan baja los que fallecen. Lo que también impulsa al alza el gasto social.

Así están las cosas. Y no parece que las declaraciones del ministro de Trabajo sean precisamente inadecuadas y alarmantes. Lo irónico del asunto es que quienes están por reducir las cotizaciones sociales, los impuestos y los salarios, están poniendo en riesgo la viabilidad del sistema público de pensiones. Son ellos los que en la práctica apuestan por los planes privados de pensiones. O sea, su alarma no es más que puro paripé.

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