ADVERTENCIA previa: nunca me ha gustado la proyección pública del juez Garzón. No me cabe en la cabeza el concepto de juez estrella. Más que del móvil y del helicóptero, el juez debe ser esclavo del despacho y el Aranzadi. Pero Garzón ha sido juzgado y, de momento, separado prácticamente de la carrera judicial. El poder nos pide que la sentencia sea respetada y acatada, y en eso estamos, pero algo nos exige que la discutamos, ya no en el fondo, que necesitaría mucho espacio, sino por la forma, y no olvidemos que en Derecho la forma es sustancia. Y hay algún detalle en la sentencia que, a mi juicio, chirría claramente y que no ha sido destacado dentro del mar de tinta que ha producido esta decisión judicial: se trata de algún juicio de valor que no encaja dentro de un razonamiento estrictamente jurídico.

Desde los albores del Derecho romano se acuña un principio procesal que se ha mantenido inmutable en el decurso de los siglos, es éste: "da mihi factum, dabo tibi ius", o sea, que el juez dice "dame los hechos, que yo te daré el Derecho". Pero hay que entender que te daré el Derecho sin salirme de él. El juez, decía Montesquieu, es la boca de la Ley y debe aplicar ésta sin manejar razonamientos extrajurídicos. Se dice en la sentencia que la instrucción de Garzón corresponde a regímenes totalitarios, y esto es un criterio político, que no le corresponde manejar a un tribunal salvo que éste sea el Constitucional, que se mueve en este plano. Este extemporáneo e improcedente juicio de valor lastra la ecuanimidad de un tribunal que busca fuera del marco del Derecho sus motivaciones. Mucho se me queda en el tintero ante esta cuestión, tal como la unanimidad de los magistrados al dictar sentencia, que muchos califican como síntoma de la claridad de la cuestión debatida, cuestión que niego de plano y a la que no me puedo asomar; a lo mejor, tiempo habrá para ello.