El FMI viene recomendando la reducción del déficit público y el mantenimiento de los planes de estímulo. Difícil equilibrio, por cuanto la aplicación de las políticas anticíclicas llevan a un aumento del déficit. En el caso de España, éste pasó del 2,8 % del PIB en 2008, al 9,5% (11,4 % si se incluyen las autonomías y los ayuntamientos) en 2009, con el problema añadido de que en 2013 el déficit debe quedar reducido al 3%, en cumplimiento del Pacto de Estabilidad europeo y de la ley española de Estabilidad Presupuestaria.

Al lado del déficit público está la cuestión de la deuda externa, que ronda los 1,7 billones de euros (167,5 por ciento del PIB español). La mayoría de esa deuda es privada y se corresponde con los abultados déficits de la balanza comercial española en la época de crecimiento. Por eso, en parte está causada por la fuerte modernización que experimentaron las empresas españolas y las grandes inversiones que los grupos internacionalizados han hecho aquí y en el extranjero (sobre todo en Europa y Latinoamérica).

Esa deuda hay que pagarla, y en los mercados financieros y en las agencias de calificación hay quienes dudan de que España esté en condiciones de hacerlo en tiempo y forma. Si esas dudas se hacen efectivas, el Estado, las empresas, los bancos y las familias que así lo precisen, tendrán más dificultades para refinanciarse, y les saldrá más caro.

El otro gran problema es el paro, que rebasa la cota de los cuatro millones de personas (en torno al 19 % de la población activa). Además del drama social que origina, el desempleo afecta a la renta disponible de las familias y condiciona a la baja los salarios de los empleados, lo que desencadena una mayor propensión al ahorro por miedo a lo que deparará el futuro. En consecuencia, el consumo se resiente y arrastra en su caída a la inversión. El asunto se agrava, porque aquellas familias y empresas con capacidad para endeudarse se encuentran con que el grifo del crédito está casi cerrado, pues los bancos y las cajas están destinando la mayoría de sus recursos a saneamiento interno.

Ante este cuadro, la propuesta que el Gobierno Zapatero le hace al resto de las fuerzas políticas para consensuar un plan contra la crisis, señala dos prioridades sobre las que actuar, el empleo y el crédito, pero sin que suponga mayor gasto público, lo que le obligará a reajustar las partidas de modo que no alteren la cuantía total del presupuesto.

Si se examina la procedencia de los parados, el mayor contingente proviene del sector construcción, y dado que se trata de un plan de choque parece razonable que una de las medidas estrella consista en promover ayudas a través del IVA y del IRPF para la rehabilitación y reforma de viviendas, cuyo parque está necesitado de una actuación de este tipo. Es igualmente razonable la propuesta de que el ICO inyecte directamente crédito a las pequeñas y medianas empresas; y no parece que la banca privada esté en condiciones de quejarse por ello, cuando resulta que ha recurrido al Estado para evitar males mayores. Tampoco es desdeñable la medida de acortar a 30 y 60 días el plazo máximo de pago a los proveedores, según el cliente sea del sector público o del privado.

Frente a la propuesta del Gobierno caben mucho más respuestas que la de llevarle la contraria porque sí. A poder ser, esto hay que arreglarlo entre todos.

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