RSS
 |
| Manuel Bouza, padre del fallecido Oliver y viudo de María Casal |
El nuevo siglo se inició en Ferrolterra con un suceso marcado por la tristeza. María Casal, vecina de Narón, mataba a su hijo, pedía un taxi y cerraba el círculo tirándose al mar. La doble tragedia destapaba la impotencia de la mujer: su hijo Oliver Bouza padecía una lesión cerebral con graves brotes violentos. "Y la Xunta no quiso hacerse cargo de la tutela del menor, dejándonos desamparados", se lamentó el padre tras el drama. Diez años después, el Tribunal Supremo decide reiniciar el caso desde el principio. Y denuncia la "indefensión" de la familia antes de las muertes, debido a la escasa intervención autonómica.
El Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y certifica que la Xunta no asumió la tutela del menor "porque carecía de recursos idóneos para afrontar su patología". En un fallo previo, el TSXG daba la razón al Gobierno autonómico y culpaba de los hechos "al padre por falta de diligencia y a la madre por perturbación psíquica". La resolución del Supremo retira la losa de culpabilidad que pesaba sobre Manuel Bouza, padre de Oliver y único superviviente. "Se cumple una década de la muerte de mi mujer y mi hijo, por ellos ya no podremos hacer nada pero sí espero que estos casos no se repitan", aseguraba ayer.
A Manuel le duele aún aquel dictamen del TSXG: "Me acusaban de no estar en casa pese a que me ausenté un mes del trabajo para atender a mi familia". ¿Qué pasaba con la Xunta? "Siempre tiró balones fuera y nosotros no teníamos medios, sufríamos problemas todos los días por la agresividad del niño, asistimos al final a una muerte anunciada", recuerda. Según el padre de Oliver, "la Xunta nunca se movió hasta que tuvimos dos muertos encima de la mesa, si se repite algo así lo sentiré como si fuera mi hijo".
Las actuaciones se retrotraen ahora al período de pruebas, para determinar si la Xunta actuó correctamente con Oliver entre 1993 y 2000. "El Gobierno autonómico tuvo armas para atender al niño obeso de Ourense, pero no intervino en el infierno de Narón", sentenció el abogado de la familia, Ricardo Pérez-Lama.
. phermida@elcorreogallego.es
Contradicciones ·· Según el Tribunal Supremo, "el fallo del TSXG resulta contradictorio con el informe de la Xunta". En 1999, la Delegación Provincial de la Consellería de Familia dejó sin efecto la guarda del menor "por no poder desempeñar adecuadamente su ejercicio".
Reclamación ·· La reclamación patrimonial del padre a la Xunta asciende a 250.000 euros. Según el letrado, "Manuel vivió un calvario en vida, la Xunta se desentendió". El demandante estima que la resolución del Supremo "evitará situaciones similares" .
