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Es la segunda vez en un mes que la Justicia da la razón a Mónica Sumay. A principios de febrero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Pontevedra apoyaba la permanencia de su hija en el CEIP de Catoira en el que había cursado sus estudios desde Infantil e invalidaba la resolución de la Consellería de Educación que dictaba su traslado a un centro de educación especial en contra de la voluntad de la familia. Ahora es una resolución de la Agencia de Protección de Datos (todavía en plazo de recurso) la que avala los argumentos de la familia de Alejandra y sanciona a Educación por revelar a los medios de comunicación datos privados de la alumna, como su grado de discapacidad o su nivel curricular, así como otras informaciones protegidas incluidas en informes médicos y de escolarización.
La resolución de la Agencia considera probado que la filtración de esas informaciones protegidas se realizó a través de la Delegación provincial de Educación en Pontevedra, encabezada entonces (agosto de 2008) por Cristóbal Fernández, que actualmente y tras el cambio de poder en la Xunta ocupa la jefatura del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, dependiente del Gobierno central.
El caso de Alejandra saltó a la prensa a finales del verano de 2008, pocos días antes del inicio del curso escolar, cuando Educación dictó su traslado a un centro de educación especial en Vilagarcía, a 15 km de su casa. Alejandra es una persona con diversidad funcional y la Administración entendía que el mejor lugar para continuar su formación y socialización era en un centro específico. Su familia se plantó e inició una batalla judicial que se resolvió recientemente con una sentencia en firme que apoya la permanencia de la menor en el CEIP de Catoira, la segunda decisión judicial en lo que va de año en Galicia en favor de la escolarización inclusiva de las personas con diversidad funcional.
El seguimiento informativo del caso de Alejandra incluyó en 2008 datos protegidos de la menor que, según denunciaron sus padres y ahora considera probado la Agencia de Protección de Datos, fueron facilitados desde la Consellería de Educación a través de su delegación provincial en Pontevedra. "Datos que no están protegidos por el derecho constitucional a la libertad de expresión", según explica Cipriano Castreje, el abogado que tramitó esta demanda y, también, el recurso que posibilitó la permanencia de Alejandra en su centro educativo.
La resolución no es firme todavía. Educación dispone de dos meses para recurrir en vía contenciosa ante la Audiencia Nacional. Antes del cambio de Gobierno, la Consellería declinó presentar alegaciones cuando fue requerida por la Agencia de Protección de Datos. Los actuales responsables educativos rechazaron en febrero recurrir la sentencia que anulaba el traslado de Alejandra a un centro de educación especial. Ahora, la nueva resolución está en manos de sus servicios jurídicos.
"Voy a seguir peleando"
"Si la quieren recurrir, que la recurran. Yo estoy dispuesta a seguir peleando", señaló ayer Mónica Sumay a esta redacción, satisfecha con la resolución de la Agencia. "Tenía la esperanza de que iba a ser así, porque quiero pensar que aún existe la justicia, sobre todo cuando se trata de derechos humanos y existe una convención de Naciones Unidas, ratificada por España, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad".
Mónica Sumay entiende que el dictamen de la Agencia "prueba la incompetencia del sistema y de los supuestos técnicos que tanto daño le han hecho a mi hija". Advierte de que su caso no es una excepción: "España vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas con diversidad funcional. Está pasando todos los días y en todo el territorio. El pacto educativo tiene que garantizar la igualdad de oportunidades real". Sus abogados estudian presentar una reclamación patrimonial por los daños ocasionados.
Cipriano Castreje Abogado de la Asociación Defensor del Paciente
"Una empresa privada podría enfrentarse a 600.000 euros"
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- ¿Qué significa 'infracción muy grave' en términos de sanción?
- Que si la Consellería fuese una empresa privada podría ser sancionada con cantidades que van desde los 300.000 a los 600.000 euros. Como es una entidad pública, la sanción económica no se produce, pero sí tienen que depurarse responsabilidades en cuanto a la persona que ha filtrado esos datos e iniciar el oportuno expediente sancionador. Los órganos no infringen, son las personas quienes lo hacen, y, por lo tanto, hay que averiguar quién ha sido, cómo y por qué.
- Los responsables de Gobierno ya no son los mismos que en 2008. ¿Qué consecuencias tiene el relevo en la Xunta para la aplicación de la sanción?
- Efectivamente el tema es que ha habido un cambio de gobierno en la Xunta de Galicia, pero eso no implica que no se depuren responsabilidades. Habrá que iniciar igualmente el oportuno expediente a las personas que estaban en ese momento y comunicaron a los medios datos de carácter protegido, sean o no funcionarios. Si son funcionarios, la ley prevé sanciones muy graves, desde la inhabilitación para cargos de responsabilidad hasta el apartamiento de la función pública. Si no, se vuelve más complicado, pero entiendo que el sistema administrativo tiene resortes para impedir que seguramente esa persona pueda volver a ocupar este tipo de cargos en el futuro .
