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| La conselleira Rosa Quintana explica el proyecto en presencia de Núñez Feijóo |
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo alumbró ayer su propio Plan Director de Acuiculura del Litoral, que nace sin vetar ningún enclave de la costa a los empresarios que decidan embarcarse en proyectos para un sector para el que el presidente de la Xunta reclama el liderazgo gallego.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, presentó ayer tras la reunión semanal del Consello la planificación que permitirá a “cualquier planta colocarse en cualquier zona, incluso en los espacios portuarios”, siempre y cuando se adecúen a las exigencias técnicas y ambientales que se han graduado en cuatro niveles de protección, a diferencia del plan anterior en el que la oferta de suelo se planteaba con parcelas restringidas.
Las dos primeras franjas, las de menor impacto e inferior nivel de protección están ya a disposición para que los interesado puedan comenzar a proyectar posibles emplazamientos en una superficie de 15.000 hectáreas. Los niveles tres y cuatro, otras 13.343 hectáreas en las que se intensificarán los niveles de exigencia, quedarán abiertas a partir del próximo mes de octubre. Uno de los enclaves más polémicos, el cabo Touriñán, donde quiso instalarse Pescanova, se corresponde con el nivel máximo, el cuatro, según explicó Quintana, lo que abre las posibilidades para retomar el proyecto fallido dentro de siete meses.
Para facilitar las consultas, la Consellería ha plasmado en un visor cartográfico (disponible en www.intecmar.com) la clasificación escalonada diferenciando la intensidad de protección con una paleta de colores que va del mínimo, en verde, al máximo, en rojo. El Plan con el que Feijóo aspira a “superar la paralización” de los últimos años en el sector incluye también la cartografía en la que se definen los índices de aptitud tecnológica en los posibles enclaves. El cruce de ambas informaciones será el que incline la balanza de los potenciales acuicultores que decidan aprovechar la oportunidad que se les ofrece.
Tras los tres años empleados en su redacción, el nuevo plan, una de las principales promesas electorales de Feijóo para esta legislatura, sale a la luz después de haber recibido tan solo las tres alegaciones que formularon la asociación ecologista Adega, la Asociación de Minería y el Ayuntamiento de Ribadeo.
La Xunta, que ampara su proyecto en la directiva europea del pasado mes de julio, confía la protección del medioambiente a esa legislación y a la orden conjunta de las consellerías de Medio Ambiente y de Mar en la que se determina el régimen que será aplicable a las instalaciones de acuicultura en lo relativo a la evaluación de impacto ambiental y a los estudios de integración paisajística. En este documento se prevé la obligatoriedad de someter al primero de los requisitos las instalaciones de acuicultura intesiva que prevean una capacidad de producción superior a las 500 toneladas actuales. Deberán, por tanto, integrar un estudio de integración paisajística acorde con los materiales, colores y volúmenes, que determina la Administración y que, según los autores del plan, no supondrá un encarecimiento de los proyectos.
Según la Xunta, la evaluación de impacto ambiental también se le exigirá, “cuando así lo decida el órgano ambiental”, a aquellas instalaciones que pretendan situarse en espacios incluidos dentro de la protección de Red Natura, aunque no se alcancen las 500 toneladas anuales de producción. Para el resto de las instalaciones, las de producción de volúmenes inferiores será necesario contar con un informe del órgano competente en materia de paisaje en la Administración gallega.
En la rueda de prensa posterior al Consello, Feijóo insistió en destacar la “seguridad jurídica” de la nueva planificación para crear un marco “coherente” con la normativa europea, frente a la “inseguridad” de la etapa anterior.
