Alba Nogueira, por la izquierda, Rosario Álvarez y Luis Villares, en una de las mesas de la jornada

Filólogos y lingüistas de todo el Estado advirtieron ayer de que el "equilibrio absoluto" entre gallego y castellano planteado en el anteproyecto de Decreto do Plurilingüismo de la Xunta no implica un "trato igualitario" para ambas lenguas, al partir del postulado erróneo de que ambas lenguas se encuentran en la misma situación. Así lo señalaron en el marco del Seminario sobre lengua, sociedad y política en Galicia, coordinado por el sociolingüista gallego Henrique Monteagudo, celebrado en la sede del Consello da Cultura Galega (CCG) en Santiago.

"Se trata de un seminario que se viene celebrando desde diciembre del año pasado y que en este caso es sobre política lingüística y educación", explicó el filólogo a los medios. A la hora de valorar el borrador del decreto, Monteagudo se remitió al dictamen del CCG respecto a las bases de la futura norma -presentadas por la Xunta a finales de diciembre- al considerar que "prácticamente puede aplicarse al cien por cien" a la última versión, avanzada por el conselleiro de Educación el pasado sábado y hecha pública de forma íntegra el lunes. Ésta introduce algunos cambios, pero insiste en el equilibrio matemático entre las dos lenguas oficiales de Galicia y una paulatina introducción del inglés, en contraste con la normativa aún en vigor, que reserva al menos un 50% del horario lectivo en gallego.

En concreto, Monteagudo recordó que el presidente de la institución cultural, Ramón Villares, consideró que no se puede tratar igual a gallego y castellano porque están "en situación diferente". "El gallego necesita una protección especial, un apoyo, y esta es la filosofía del dictamen del Consello", insistió. "La filosofía de supuesto equilibrio, de trato idéntico, no es trato igualitario. A las lenguas que están en situación diferentes lo justo es tratarlas de manera diferente", concluyó.

Por su parte, el experto de la Universitat de Valencia, el profesor Ángel López García-Molíns, enmarcó la realidad gallega como parte de un engranaje estatal donde la política lingüística "no existe". "Existe un ordenamiento constitucional y el Estado lo aprovecha para favorecer un modelo, en general, monolingüe", destacó. "Mientras no se entienda que hay cuatro lenguas en el conjunto de España -gallego, catalán, vasco y español-, mientras no lo asuma [el Gobierno centra] como obligación suya específica implementar el uso de estas lenguas en el conjunto del Estado, la cosa no tiene arreglo", lamentó.

En concreto, se refirió a que en las comunidades en las que alcanzan el poder partidos políticos de carácter estatal y "de implantación general", dicho Ejecutivo "tiende a favorecer la visión monolingüe" del Estado. "Se está haciendo mucha demagogia y se está haciendo desde diferentes sectores. El espíritu centralista es algo que se cuece largamente en la historia de España y emerge una y otra vez cuando menos te lo esperas", prosiguió.

Ante esta situación, entendió que plantear una "equiparación" entre una lengua "desfavorecida" y la "lengua vehicular" del sistema educativo del Estado, "a la hora de la verdad", no supone una igualdad. "Entiendo que los conflictos vengan de ahí y los entiendo perfectamente", señaló. Dicho sistema, añadió, provoca que en el conjunto de la ciudadanía se piense "que no vale la pena estudiar gallego" e "inevitablemente, las capas sociales a las que les va mejor, optarán por la lengua general".

Por su parte, el juez Luís V­illares y la profesora de Derecho Alba Nogueira ahondaron en las dudas jurídicas que plantea el proyecto de Educación. Ambos insistieron en que vulnera la Lei de Normalización e incluso contradice jurisprudencia del Tribunal Constitucional.