Gaspar Zarrías asegura que desde que comenzó la negociación no ha pasado ni un día sin ocuparse de la ley FOTO: efe

El papel de interlocutor en las negociaciones de la Xunta con el Gobierno central ha convertido al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías (Madrid, 1955) en la bestia negra del Gobierno de Feijóo. Histórico del socialismo andaluz, llegó al Ministerio de Política Territorial de la mano de Manuel Chaves. Pero los primeros quebraderos de cabeza con aires gallegos le llegaron al pasar a engrosar el censo de inquilinos en la urbanización de la Illa de Arousa que los populares bautizaron como villa PSOE y donde tiene como vecinos a José Blanco, Pachi López o Ventura Pérez Mariño. Ahora le ha tocado lidiar con el recurso de inconstitucionalidad de la Lei de Caixas bajo la sospecha de ser el hombre de paja del ministro mientras vuelve a dejar la pelota del culebrón de las cajas en el tejado de la Xunta.

_ En primer lugar, quiero dejar claro que en ningún momento se han interrumpido los contactos. Gobierno y Xunta mantuvimos cuatro reuniones en apenas una semana en las que se lograron importantes avances en 6 de los 11 preceptos impugnados. A partir de ahí, el desencuentro en los 5 puntos restantes era sustancial y decidimos dar un margen de tiempo para estudiar en profundidad las posibilidades de acercamiento. Una de ellas fue planteada por la propia Xunta, incluso en público y a través de su presidente. Me refiero a su propuesta de adoptar el espíritu de la Ley de Cajas de Andalucía. Aunque a nosotros nos pareció bien, la Xunta decidió recular. Desde entonces, hemos mantenido un contacto prácticamente diario para intentar alcanzar puntos de encuentro.

_ Insisto: la única decisión adoptada por este Gobierno ha sido la de mantener abiertas permanentemente todas las vías de diálogo. Y lo ha hecho a través de su Ministerio Política Territorial, que es el departamento que está representando al Gobierno en este proceso de negociación.

_ Las conversaciones tienen un marcado carácter técnico y jurídico. Por tanto, quienes están teniendo que ver en las negociaciones son técnicos y juristas del Estado. Por mucho que les pese a algunos, no se trata de un debate político; se trata de un debate legal. En ese marco, queda poco margen para la política.

_ Quien bloquea la posibilidad de retirar el recurso es aquel que insiste en mantener unos artículos que incumplen la normativa estatal y que vulneran la Constitución. Los que reiteran que hay una intencionalidad política demuestran que no tienen argumentos jurídicos para rebatir la posición del Gobierno central. Por lo tanto, hablar en esos términos me parece cuanto menos una ligereza.

_ Ahora mismo la salida pasa por que la Xunta aclare cuál es su postura. Un día dice que quiere dialogar para ajustar los artículos a la legalidad, pero al día siguiente asegura que esos preceptos son plenamente constitucionales. Otro día propone copiar la Ley de Cajas de Andalucía, pero al día siguiente se retracta y dice que estaba bromeando. El primer paso es saber qué quiere la Xunta de Galicia. El Gobierno de España lo tiene muy claro: conseguir la mejor Ley de Cajas para Galicia. Y eso pasa inevitablemente por el respeto a los criterios que establece la LORCA. A la Xunta le toca precisar si cree que hay ajustar esos artículos, para lo que cuenta con la plena colaboración del Gobierno; o si cree que tiene que defender la constitucionalidad de los mismos, con lo que tendríamos que esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

_ Eso tendría que responderlo la propia Xunta. Yo únicamente le voy a puntualizar que no son exigencias caprichosas. Y no son sólo exigencias del Gobierno. Hay un dictamen clarificador emitido por el Consejo de Estado que respalda de la A a la Z la opinión del Gobierno

_ Como usted sabe, tenemos posiciones divergentes en 5 preceptos. El motivo fundamental de la falta de acuerdo es que la Xunta no ha variado un ápice su posición en esos 5 preceptos.

_ Total y absolutamente. Si esos apartados se ajustan a la LORCA, el recurso de inconstitucionalidad será retirado sin ningún género de duda. Estas palabras no son un brindis al sol. Podemos poner hechos encima de la mesa. La Comunidad de Madrid, estando en la misma tesitura en que nos encontramos ahora con Galicia, reformó los artículos controvertidos de su Ley de Cajas y el Gobierno actuó en consecuencia retirando el recurso.

_ Desde que iniciamos las conversaciones hasta la fecha de hoy, he mantenido con Alfonso Rueda un contacto permanente, prácticamente diario. Hemos mantenido 4 reuniones por espacio de casi 20 horas. Además, hemos intercambiado numerosas cartas, conversaciones telefónicas, mensajes a móvil y correos electrónicos. Nunca he dejado de contestar al conselleiro de Presidencia. La disposición del Gobierno ha sido y sigue siendo plena para el diálogo y para el encuentro.

_ Yo tengo un gran respeto por la Xunta de Galicia y por su presidente. Y, por supuesto, siento el máximo respeto hacia Galicia y hacia todos los gallegos. Por ello, le puedo garantizar que estoy poniendo toda mi energía y todo mi interés al servicio de un acuerdo que beneficie a Galicia, a su sistema financiero y a la sociedad gallega en su conjunto. Le puedo asegurar que desde que iniciamos las conversaciones, no ha pasado ni un solo día en que no me haya ocupado de Galicia y de su Ley de Cajas. Ni un solo día. Porque el Gobierno es consciente de la importancia de esta ley y porque el Gobierno es el primer interesado en que Galicia tenga la mejor Ley de Cajas, siempre dentro de los límites constitucionales, como no puede ser de otro modo.

_ Depende de la Xunta de Galicia. El Gobierno de la nación ha hecho sus deberes sobradamente. De hecho, la última carta que remitimos a la Xunta aportaba con claridad una propuesta para todos y cada uno de los 5 artículos en discusión. Es decir, la Xunta tiene toda la documentación necesaria y conoce con meridiana claridad la postura del Gobierno para adaptar los preceptos a la ley. Por tanto, ya no tiene excusas para presentar una propuesta que permita convocar una reunión y desbloquear la situación.

n mcastro@elcorreogallego.es