El Partido Popular ha pedido una reforma "en profundidad" del conjunto del sector público y establecer un escenario creíble de reducción del déficit sin necesidad de subir los impuestos. Así lo manifiesta en un documento denominado "Alternativas frente a la crisis", dado a conocer hoy, y en el que también pide formalizar un "acuerdo nacional, político, social y territorial para "garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas".
Además solicita una modificación del Plan de Acción Inmediata 2010 para que el recorte del gasto público alcance los 10.000 millones de euros, que incluya "necesariamente" la reducción de costes en varios capítulos, entre los que destacan los de personal y gastos corrientes. Estos recortes del gasto se lograrían a través de la eliminación de la Vicepresidencia Tercera y de los Ministerios de Igualdad y Vivienda, la supresión de Organismos Autónomos, Agencias y otras Entidades Públicas cuyas funciones se puedan realizar sin personalidad jurídica propia. También pide la reducción del 50 por ciento de los puestos de Asesoría y Gabinete, y la reducción del 25% del presupuesto para altos cargos, personal eventual e incentivos al rendimiento, transferencias a organismos internacionales y otras entidades en el exterior.
Propone que se corrijan los elevados niveles de déficit público y se evite de esta forma que las emisiones masivas de deuda de las Administraciones Públicas imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado, en especial de las pymes y los autónomos, al tiempo que señala que hay que agilizar las posibilidades para las fusiones entre cajas de ahorro. Sobre éstas dice que hay que garantizar la "profesionalidad de los órganos de gobierno" y promover su eficiente implantación en el territorio nacional, mediante la "incompatibilidad entre cargos electos y la pertenencia a los órganos rectores de las cajas".
También pide el diseño de un "sistema tributario justo" que permita establecer las rebajas selectivas de impuestos para contribuir a la dinamización de la economía, enmarcadas dentro de un escenario de austeridad. El PP insiste en que no se apliquen las subidas del IVA previstas para junio de 2010 y la reducción de forma permanente de 2 puntos en la cotización empresarial a la Seguridad Social.
El documento, que será entregado hoy al Gobierno, prevé también medidas en política energética, morosidad y financiación de familias y empresas, comercio exterior, investigación y desarrollo, y modernización de infraestructuras.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha calificado hoy de "positiva y útil" la primera reunión bilateral de la comisión gubernamental con el PP y ha afirmado que la mitad de las propuestas de éstos coinciden con el Ejecutivo, aunque ha subrayado que hay una diferencia "profunda" en el ámbito impositivo.
Así se ha manifestado Salgado tras la reunión de la comisión gubernamental con el equipo económico del PP, encabezado por Cristóbal Montoro, encuentro que, ha destacado la vicepresidenta, se repetirá la próxima semana para dialogar sobre temas específicos. Salgado ha incidido en que no se habían tenido en cuenta las medidas propuestas por el PP sobre reforma laboral por entender que ésta debe ser tratada en el diálogo social.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado hoy que es posible alcanzar un acuerdo importante con el PP en relación a la crisis económica "sobre temas de fondo, que necesitan una respuesta rápida y que van más allá porque son el inicio de procesos y de reformas estructurales en nuestro país". En declaraciones a RNE recogidas por Efe, Blanco ha asegurado que parece que "el PP está dispuesto a atender las propuestas que ha lanzado el Gobierno" y se ha referido al documento presentado por el PP al Ejecutivo con "alternativas frente a la crisis". Sobre el mismo, Blanco ha dicho que tras leerlo esta noche puede asegurar que "la mayor parte de las propuestas, el 70 por ciento, son medidas sobre las que se puede hablar".
Blanco ha señalado que "hay margen para hablar" y se ha referido a la reforma sobre la morosidad, un tema que comparten "sustancialmente" con el PP , así como a la reforma del sistema financiero y a la propuesta de austeridad, sobre el que ha dicho que el planteamiento del Gobierno es "mucho más ambicioso".
Ha añadido que en el tema fiscal, en el documento del PP "no cuadran los números" ya que no se puede decir que hay que mantener el nivel de protección del Estado y bajar la recaudación, ya que "eso no es posible", y tampoco se puede apostar por "mantener la inversión en infraestructuras y decir que hay que recortar el crédito a las empresas públicas que realizan infraestructuras". Si se asumiera esta propuesta y no llegara el dinero a las empresas públicas, Blanco ha asegurado que se estaría aplazando en dos años la llegada de la Alta Velocidad en toda España.
Tras señalar que "lo de menos es una foto final poniendo una firma", ha insistido en la necesidad de lograr "un acuerdo de verdad con el mayor consenso para impulsar políticas que son imprescindibles hacer desde el máximo entendimiento". "El Gobierno tiene la obligación de tomar decisiones pero si las toma respaldado por el conjunto de las fuerza políticas va a estimular la confianza y el consumo", ha puntualizado.
Entre algunas de las medidas, Blanco se ha referido a la necesidad de facilitar, a través del ICO, que el dinero llegue a las empresas, la creación de estímulos eficientes para la generación de empleo, la apuesta por la renovación del sistema financiero". Sobre la necesidad de fusionar empresas públicas, Blanco ha dicho que "no se trata sólo de fusionar empresas para reducir gastos" sino también de "buscar eficiencia", ya que hay que "rebajar costes" y ha asegurado que hay muchísimos ámbitos en los que se puede trabajar para "sumar sinergias". Tras asegurar que ADIF y RENFE "no se pueden sumar porque por normativa europea el operador tiene que ser distinto a la infraestructura", ha mencionado el caso de las ingenierías públicas Ineco y Crisa, así como el caso de las empresas de salvamento marítimo: Sasemar y Remasa.
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